Begoña Arrojo ,
Socia de Auditoría de Sector Público de Grant Thornton
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Las empresas españolas afrontan el segundo semestre del año con perspectivas encontradas.
Por un lado, los indicadores económicos (inflación del 10,2% en junio, alza de la prima de riesgo, recorte en las previsiones del PIB, entre otros factores) vislumbran una compleja consolidación del crecimiento y algunos expertos esbozan las primeras pinceladas de una posible recesión económica a partir de 2023.
Las empresas son cada vez más conscientes de sus necesidades de innovación y tiene mayor acceso a fuentes de financiación pública, entre ellas, las provenientes de Fondos Europeos (Next Gen y otros programas como Horizonte Europa para el I+D+i, con más de 100.000 millones de euros de dotación para proyectos hasta 2027 para toda Europa).
En contraposición, las empresas son cada vez más conscientes de sus necesidades de innovación y tiene mayor acceso a fuentes de financiación pública, entre ellas, las provenientes de Fondos Europeos (Next Gen y otros programas como Horizonte Europa para el I+D+i, con más de 100.000 millones de euros de dotación para proyectos hasta 2027 para toda Europa). Con todo ello, el escenario de ayudas supone un estímulo innegable para quienes sean más proactivos.
Con esta inyección financiera de los fondos del Next Gen, se persigue posibilitar que las organizaciones superen los efectos de la crisis económica derivada de la COVID, se adapten a las nuevas condiciones de mercado y adopten nuevos enfoques estratégicos basados en factores transversales (sostenibilidad, digitalización, …).
Sin embargo, aunque el objetivo es claro, y las autoridades comunitarias y nacionales han marcado la hoja de ruta, las empresas parece que no se encuentran incentivadas a acudir a estos fondos de forma masiva. Según la última encuesta sobre la actividad corporativa del Banco de España, apenas el 13% de las empresas prevé acudir a una convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos seis meses.
La incertidumbre general existente señala que las empresas prefieren acudir a otro tipo de fuentes financieras como el capital privado o la financiación bancaria antes que acudir a estos fondos públicos, pero es necesario ir más allá.
La mayor parte del tejido empresarial español, PYMES y Autónomos, deberían ver en estos fondos, una palanca para reactivar sus actividades y planes de negocio a medio y largo plazo, ya que suponen una fuente financiera que facilitan sus estrategias de desarrollo.
La Administración Pública, tanto estatal, autonómica como local, está trabajando en eliminar aquellos aspectos más burocráticos que ralentizan habitualmente la gestión de las ayudas, como la poca transparencia en los procesos de solicitud, las demoras en las resoluciones o al hecho de que, históricamente, la empresa española no está familiarizada con la concurrencia a este tipo de financiación. En este sentido, las administraciones públicas deberán incrementar este esfuerzo en garantizar y transmitir un enfoque ágil y transparente de las fuentes de financiación.
Un ejemplo de ello es el programa Kit Digital. Si bien es cierto, que los 12.000 € máximos de ayuda no permiten obtener cambios significativos, su acceso para las PYMES es sencillo, puede ser íntegramente delegado en los agentes digitalizadores y se entrega “llave en mano” una solución de digitalización a las empresas (hasta 10 posibles) sin coste alguno para las empresas.
Recordemos que los fondos del Next Gen deben ser comprometidos y ejecutados dentro de los plazos y directrices que marca la Unión Europea, por lo que, corremos el riesgo de que las empresas sólo acudan a los sistemas tradicionales de financiación, Marco financiero plurianual del FEDER, FSE e incluso Horizon EU, que actúan desde hace décadas y quedan periódicamente sin utilizarse plenamente sus presupuestos.
En definitiva, estamos ante una fase necesaria de optimización de las ayudas públicas para afrontar la transformación sostenible de las empresas que demanda actualmente el mercado.
Socia de Auditoría de Sector Público de Grant Thornton. Más de 18 años de experiencia profesional. Especializada en auditoría y control en el ámbito del sector público. Ha trabajado en multinacionales del sector servicios profesionales. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Cantabria.