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La presidencia francesa del Consejo de la UE este semestre estará marcada por el fortalecimiento de la autonomía económica de la Unión, que repercutirá en el tejido empresarial y el comercio exterior
El nuevo año ha comenzado con la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Un semestre para el que el presidente del país vecino, Emmanuel Macron, se ha autoimpuesto una ambiciosa agenda con objetivos en muy diversos ámbitos, pero con una nota común: el fortalecimiento de la llamada autonomía económica de la Unión en un contexto internacional marcado por Estados Unidos y China, y en el que la única forma de que los 27 Estados de la UE tengan voz y voto es actuando de forma unitaria. Una independencia de la economía europea a nivel internacional que, evidentemente, influirá decisivamente en el tejido empresarial y en el comercio interno y externo español.
Uno de los ámbitos en los que se hace más patente la necesidad de avanzar en esta soberanía económica es la posición rezagada de la UE en el desarrollo de baterías necesarias para los coches eléctricos, un ámbito en el que Europa todavía depende de China. De la misma forma, más del 90% de los chips semiconductores que se emplean en nuestro continente proceden de territorios como Taiwán y Corea del Sur, y los fabrican empresas de Estados Unidos como Intel.
Por estos motivos, entre los planes de la presidencia francesa está la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para poder flexibilizarlo y abrir la posibilidad de destinar más presupuesto público a la inversión en semiconductores, biotecnología, almacenaje en la nube o transición energética frente a los gigantes estadounidense y chino.
Otro de los focos con los que Francia aspira a impulsar una UE más autónoma económicamente está ligado a la sostenibilidad y al mecanismo de ajuste del carbono, una herramienta que grava los productos importados que no cumplan con los estándares de emisiones de dióxido de carbono en su fabricación.
De esta forma, la UE quiere facilitar que las empresas europeas no sean las únicas que compitan en el mercado global con la mano atada por las obligaciones medioambientales o deslocalicen su producción a otros países menos exigentes en esta materia. Para Francia, no se trata de una medida proteccionista, sino de una forma de internacionalizar la lucha contra el cambio climático y la aspiración de un mundo libre de emisiones a otros países que se verán forzados a dar pasos en esta dirección si quieren acceder a los consumidores europeos. Un mercado, cabe recordar, muy goloso: casi 450 millones de ciudadanos con un poder adquisitivo alto.
No obstante, el avance en la independencia económica de la UE en el marco mundial no está exento de costes. Según estima la Comisión Europea, se necesitarían unos 500.000 millones de euros en la próxima década solo para la reconversión climática. Cifras astronómicas a las que, si se recuperan las limitaciones fiscales y financieras anteriores a la pandemia, resultará difícil llegar.
No obstante, Bruselas avanza poco a poco en esta dirección: en el aire está el debate sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y va abriendo la mano a permitir un mayor impulso público del sector de los semiconductores.
La autonomía económica europea se encuadra dentro de un concepto más amplio: el de autonomía estratégica. Como recoge el Real Instituto Elcano, se trata de la capacidad de vivir acorde con nuestras leyes (europeas) sin que éstas se vean afectadas por la interferencia, el ataque o la desestabilización de carácter indebido desde el exterior. Es decir, debería garantizar que la UE (y sus Estados miembros) no es compelida por terceros a hacer aquello a lo que no está dispuesta o no desea hacer, a la vez que debe permitirle también actuar independientemente de lo que otras potencias puedan considerar.
Los ámbitos de esta autonomía estratégica europea son muy diversos.