Los próximos años marcarán un punto de inflexión en la gestión empresarial. La combinación de nuevas leyes europeas, cambios en la regulación laboral y un endurecimiento de las exigencias de transparencia convierte 2025 y 2026 en un periodo decisivo para las direcciones financieras. Según el Kit de Compliance de Factorial, el 60% de las pymes españolas aún no cumple con la normativa laboral vigente, una cifra alarmante si tenemos en cuenta lo que está por venir.
A diferencia de ciclos anteriores, esta nueva oleada regulatoria no impacta únicamente a departamentos de RRHH o Legal: afecta directamente a las áreas financieras, a la previsión presupuestaria, a la gestión del riesgo y a la gobernanza interna. El CFO deja de ser un supervisor para convertirse en un verdadero arquitecto del cumplimiento.
La Ley Europea de Inteligencia Artificial será uno de los grandes catalizadores de cambio. Su enfoque basado en riesgos, su obligación de auditar modelos y sus sanciones —que pueden alcanzar los 40 millones o el 7% de la facturación anual— obligan a las empresas a replantear la adopción de tecnología desde un prisma financiero y ético. No solo se trata de “usar IA”, sino de garantizar su trazabilidad, seguridad y respeto a los derechos de autor.
A esta normativa se suma la Directiva de Transparencia e Igualdad Retributiva, que exigirá a todas las empresas disponer de registros salariales exhaustivos, auditorías retributivas anuales y planes de igualdad para organizaciones de más de 50 personas. Los incumplimientos pueden derivar en sanciones que llegan a los 225.018 €, una cantidad nada menor para cualquier CFO que gestione riesgo regulatorio.
El registro de jornada vuelve al centro del debate político y empresarial, y todo apunta a que la nueva versión de la ley entrará en vigor en 2026 con mayores exigencias y un enfoque claro en la trazabilidad. Las sanciones, que hoy oscilan entre 600 € y 6.000 € por persona trabajadora, podrían endurecerse si se convierte en uno de los ejes prioritarios de inspección. Para las direcciones financieras, esto significa una necesidad urgente de digitalizar los registros y reducir la dependencia de procesos manuales.
El recién aprobado permiso por fenómenos meteorológicos adversos obligará a las empresas a retribuir ausencias cuando exista riesgo para la seguridad de las personas trabajadoras. Es una medida necesaria, pero introduce una nueva realidad para el CFO: prever contingencias climáticas como parte del presupuesto operativo y asegurar que los permisos estén registrados de forma correcta para evitar sanciones. Te lo contamos mejor en el Kit de compliance.
El canal de denuncias interno, obligatorio por la Directiva Europea de Whistleblowing, deberá ser seguro, confidencial y estar gestionado bajo protocolos estrictos. Las multas, entre 10.000 y 50.000 €, no son el único riesgo: una mala gestión puede comprometer la reputación corporativa y la confianza de los equipos.
En paralelo, las bonificaciones FUNDAE exigirán más trazabilidad documental —registros de asistencia, comunicaciones formales, conservación de facturas— bajo amenaza de devolución total de las bonificaciones. Y la Prevención de Riesgos Laborales recuerda que, más allá de la norma, la seguridad del equipo es un indicador financiero: accidentes, bajas y sanciones afectan al EBITDA tanto como un sobrecoste operativo.
El mensaje es claro: el bienio 2025–2026 no será recordado por un solo gran cambio normativo, sino por la suma de muchos. Desde la IA hasta la igualdad retributiva, desde la trazabilidad climática hasta las auditorías salariales, todas las piezas apuntan a un mismo destino: las empresas que no automaticen, anticipen y documenten, estarán expuestas.
El CFO juega un papel central. Su capacidad para integrar compliance, tecnología y eficiencia operativa será determinante para evitar sanciones, pero también para fortalecer la sostenibilidad financiera de la compañía.
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